Penalizando la pobreza con automatización

Aleta Sprague

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El racionamiento algorítmico requiere sacrificar un derecho humano por otro

Translated by: Cristal Montes and René Christian Moya

En Noviembre del 2017, Philip Aston, Relator Especial de las Naciones Unidas (la ONU) sobre la pobreza extrema y derechos humanos, emprendió una historica mision de dos semanas a través de los Estados Unidos. Observó que "a pesar de la riqueza del país aún existen bastantes niveles de pobreza extrema en los Estados Unidos." Alston se propuso documentar la pobreza sistemática y las implicaciones a los derechos humanos en lugares incluyendo Charleston, Virginia del Oeste, Selma, Alabama, y nuestro propio Skid Row en Los Ángeles.

Alston resumió sus resultados en un informe condenatorio publicado el mes pasado. Muchas de sus observaciones centrales, aunque refrescantes en su sinceridad a comparación a la retórica de los políticos estadounidenses sobre el mismo tema, fueron predecibles: a comparacion de otros países desaroyados, la red de protección social que provee los Estados Unidos lamentablemente es inadecuada, y los políticos ponen un énfasis ilusorio sobre el empleo para justificar recortos adicionales. La pobreza en si es cada vez más criminalizada como una manera de "ocultar el problema," mientras "el racismo es una dimensión constante." Los que viven en pobreza son "demonizados," mientras el fraude es usado como "una cortina de humo" para reducir aún más los beneficios ya escasos.

Pero el reportaje de Alston también examino problemas surgientes que aún no han recibido atención de los principales medios, incluyendo el uso de algoritmos y sistemas de decisiones automatizadas para racionar el acceso a los escasos recursos.

Skid Row provee un ejemplo principal. El Sistema de entrada coordinado (CES por sus siglas en inglés) es el centro de enfoque de la "Estrategia Comprensiva para la Indigencia" del Alcalde Garcetti y se ha sido utilizada desde el 2014 para categorizar las necesidades de las casi 58,000 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles. Para emparejar las personas sin hogar con apartamentos disponibles, el CES se basa en una encuesta llamada Herramienta de asistencia para priorizar decisiones sobre el Índice de servicios de vulnerabilidad, conocido como VI-SPDAT (por sus siglas en inglés) y administrada por trabajadores sociales y provedores de servicios. El VI-SPDAT no solo recolecta información personal extensiva, como numero de seguro social y estatus migratorio, pero también les pregunta a los encuestados sobre una amplia gama de temas íntimos incluyendo su estado de salud mental, abuso de sustancias, historial de violencia doméstica y experiencia vendiendo drogas o intercambiando sexo por dinero.

Los datos del VI-SPDAT son introducidos al Sistema de información de Los Ángeles para la Gestión de personas sin hogar, donde un algoritmo califica a los encuestados del 1 al 17, en orden de su necesidad percibida. Esos con la calificacion mas baja no califican para intervencion de vivienda, mientras los que califican entre un 4 a un 7 son evaluados para "vivienda rapida," cual objetivo es proveer a individuos que recién han perdido su hogar con subsidio de alquiler a corto plazo y limitados servicios de gestión de casos. Esos con las calificaciones más altas, generalmente considerados en mayor riesgo de una emergencia de salud o incluso la muerte, son priorizados para apoyo de vivienda permanente.

En un impactante nuevo libro, la politóloga Virginia Eubanks exploró los orígenes e impactos del CES a través de las experiencias de las personas que han participado en el VI-SPDAT junto con aquellos que diseñaron y están implementando el sistema. Si bien es cuidadosa al señalar que en esencia el CES a funcionado para algunos, sigue siendo otro sistema más diseñado para gestionar la pobreza en lugar de resolverla. Conforme con Eubanks, desde 1950 más de 13,000 viviendas de bajos recursos en Skid Row han sido eliminadas. Claramente, la meta del CES es asegurar el impacto máximo con los limitados recursos restantes. Pero frente a un defecto tan fundamental—la escasez de viviendas asequibles en Los Ángeles—ultimadamente el CES no sirve para resolver la indigencia, sino para reformular un problema político masivo como un reto tecnológico.

Para los participantes en el sistema, las bajas posibilidades de obtener una vivienda significa que el CES produce resultados no solo frustrantes pero aparentemente arbitrarios. Monique, una mujer que Eubanks entrevistó, comentó que completar el VI-SPDAT "fue como hablar con un terapista," y describió el haber sido removida de la lista de espera para apoyo de vivienda en el centro de Los Ángeles como "el mejor regalo de navidad que he recibido." Sin embargo, ella estaba preocupada que muchas otras mujeres que ella conoce en el Centro de mujeres de Los Ángeles "pasaron por la misma mierda que yo, y tres años despues aun no tienen vivienda." Trabajadores sociales que administran el VI-SPDAT son aconsejados que no divulguen a las personas que serán calificadas, de esa manera mantienen el proceso de operación ocultado. Monique estima que probablemente ella fue calificada como un 10.

Gary, otro entrevistado, ilustró los peligros de ser calificado en el medio rango. A principios del decenio de 2000, dado a subcontratación Gary fue despedido de su trabajo con un prestamista hipotecario implicado en estimular la gran recesión. Unos meses después, el auto de Gary fue confiscado por estar estacionado ilegalmente, y no tuvo el dinero para recuperarlo. Habiendo perdido su única posesión y con su desempleo llegando a su fin, Gary ya no pudo seguir pagando su renta. Recién desamparado, se relocalizó a Santa Ana para accesar los servicios sociales del Condado de Orange. Después de acumular 25 multas por ofensas como cruzar la calle ilegalmente y permaneciendo ilegalmente en un parque público, un juez le dijo a Gary que podía irse a la cárcel o irse del condado permanentemente. El eligió este último y termino en Skid Row.

Aun a pesar de completar el VI-SPDAT tres veces, Gary nunca a coincidido con una vivienda, lo que él atribuye a haber sido calificado demasiado bajo. Conforme con Eubanks, mientras esos que reciben calificaciones bajas tal vez nunca sean elegibles para viviendas rápidas, los que se encuentran crónicamente sin hogar y ausentes de condiciones médicas severas o un estado de emergencia de salud mental, a menudo caen en el limbo de calificaciones de medio rango.

Además, si bien la recopilación de dicha información confidencial por sí misma es una invasión de la privacidad que quizá no rinda frutos, también existe el riesgo de que esta información se utilice en contra de los que la brinda. Como nos informa Eubanks, los datos de la encuesta ya se comparten con 168 organizaciones y agencias, incluyendo al Departamento de policía de Los Ángeles (LAPD) "cuando lo exija la ley o con fines policiales... para evitar una amenaza grave a la salud o la seguridad".

El requisito de compartir información profundamente personal a cambio de beneficios o servicios públicos no es nada nuevo, tampoco el enredo profundo del orden público con los servicios sociales. Sin embargo, dado que los datos masivos y sistemas de decisiones automatizadas desempeñan un papel cada vez más importante en la administración de la asistencia pública, la posibilidad de vigilancia estatal nunca ha sido tan grande. Como observó Alston, "a pesar de las buenas intenciones de los funcionarios en Los Ángeles, hay un lado orwelliano al CES." El requerimiento que las personas sin hogar divulguen "los detalles más íntimos de sus vidas" a cambio de una mínima oportunidad a la vivienda permanente deja a muchos sintiendo que están sacrificando un derecho humano por otro.

Los últimos años han presentado oportunidades para reducir la indigencia y aumentar la vivienda asequible en Los Ángeles. La Proposición HHH, que los angelinos aprobaron abrumadoramente en el 2016, tiene como objetivo financiar la construcción de 10,000 unidades de vivienda de apoyo permanente durante los próximos diez años. Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles (abreviado SILA en español) se ha movilizado para poner fin a las restricciones al control de renta en Los Ángeles y fortalecer las protecciones contra los desalojos. También se han visto victorias legales, como la decisión del Tribunal de apelación del Noveno circuito en el caso Lavan v. Ciudad de Los Ángeles en el 2012, en la cual se estableció que la confiscación y destrucción de las pertenencias de las personas sin hogar violaba la Cuarta enmienda a la constitución.

Pero los fracasos y contratiempos tal vez nos digan más que las victorias sobre los desafíos que nos esperan. Bordeando los límites del caso Lavan, una enmienda al código municipal (LAMC 56.11) limita la cantidad de propiedad que las personas sin hogar pueden poseer y penaliza el almacenamiento de propiedad personal en las aceras. Esta enmienda es todavía otro esfuerzo para encubrir el nivel de indigencia sin abordar sus causas fundamentales, al tiempo que aumenta el riesgo de acoso. Tanto la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles (conocido por sus siglas LA-CAN en inglés) como el equipo de Vigilancia comunitaria de los Socialistas democráticos de América en Los Ángeles (DSA-LA en inglés) están de acuerdo de que las redadas policiales en contra de los campamentos de personas sin hogar siguen siendo comunes. Estás redadas a menudo culminan en multas, arrestos, confiscación de posesiones y hasta encuentros violentos. Del año 2011 al 2016, aumentaron un 37% los arrestos de personas sin hogar en Los Ángeles.

A pesar del apoyo electoral a la Proposición HHH, la ciudad ha progresado poco hacia la realización de sus objetivos, mientras que las comunidades más ricas en Los Ángeles han resistido activamente a medidas concretas para abordar la crisis de indigencia. En Venice, por ejemplo, los residentes se unieron en el otoño del 2016 para resistir la transformación de un centro de ancianos vacante a un almacén para las pertenencias de personas sin hogar. El presidente de la Asociación de partes interesadas de Venice (o Venice Stakeholders Association en inglés) se quejó de que "atraería a cientos de personas transitorios al sitio." Como observa Eubanks, este ejemplo subraya que el problema no es a falta de datos sino la "resistencia política explícita de las élites organizadas" para quienes un sistema como CES proporciona la apariencia de una solución sin alterar el status quo, y alivia su sentir de culpabilidad en el proceso.

California siempre se ha enorgullecido por ser el estado más progresista de la nación, especialmente ahora en la época de Trump. Gran parte de la cobertura de los medios a la visita del Relator especial de la ONU se centró en sus hallazgos en el estado de Alabama. Los lectores quedaron conmocionados por las descripciones de Alston de aguas negras en las afueras de la ciudad de Montgomery. Pero la negligencia también se manifiesta en procesos mundanos de categorización y el abuso de los derechos humanos va más allá de lo que es fotografiado vivamente. Abordar la falta de vivienda y la pobreza en Los Ángeles requerirá ir más allá de la política progresista como de costumbre, hacia una reorientación colectiva de prioridades—y una demanda colectiva a la vivienda como un derecho humano. Eubanks concluye,

"Si la indigencia es inevitable, como una enfermedad o un desastre natural, entonces es perfectamente razonable utilizar soluciones de triaje que den prioridad a las personas sin hogar en otorgar oportunidades a recursos de vivienda limitados. Pero si la indigencia es una tragedia humana creada por decisiones políticas y la apatía profesional de la clase media, el sistema de entrada coordinado permite distanciarnos del impacto humano de nuestra decisión de no actuar de manera decisiva."


La automatización de la desigualdad: cómo las herramientas de alta tecnología perfilan, controlan y castigan a los pobres es el nuevo libro de Virginia Eubanks. Una parte de los beneficios irá a la Red de Acción Comunitaria de Los Ángeles (LA CAN).